Entre las grandes responsabilidades que tenemos los argentinos, crear empleo y mejorar la distribución de la riqueza para reducir los índices de pobreza, exclusión y marginalidad resultan prioritarios, tanto, como la de detener la ola de violencia e inseguridad, porque ambas se retroalimentan. Y esta responsabilidad hoy, traspone los deberes cívicos, para convertirse en una cuestión no sólo ética sino moral, donde va en juego el futuro de muchos de nuestros compatriotas.

Cómo y qué hacer para lograrlo debiera ser entonces la mayor ocupación del Estado, junto al aporte que le cabe a la sociedad en su conjunto. El Presidente de la Nación declara que le “duele la pobreza” y hace bien, porque a todos nos pasa lo mismo, pero la acción no puede agotarse en la declamación de sentimientos, la descripción del cuadro, la búsqueda de culpables o la puesta en marcha de proyectos parciales como un plan de viviendas que apenas sobrepasa lo que anualmente viene realizando el Estado. El asunto es más profundo y requiere de actos concretos y arriesgados. Son muchas las medidas que se podrían tomar para lograr tal objetivo, pero pienso que hay que ir a lo concreto y tratar de enunciar algunas.

En primer lugar, a nivel macroeconómico, es bien sabido que para que haya empleo debe haber inversión y ésta requiere de seguridad jurídica (a la que hoy debiera sumarse la “física”) y de reglas de juego económicas previsibles. Por lo tanto, el Estado tiene que generar el “clima propicio” para que se realicen inversiones, cosa que hoy no existe.

En segundo lugar y a nivel específico, es necesario contar con leyes laborales adecuadas para enfrentar la dramática coyuntura social en la que vivimos, olvidando viejas conquistas del pasado que nada contribuyen a multiplicar el trabajo y sólo protegen los intereses de unos pocos, dada la pesada carga impositiva que trae aparejado el dar empleo y los tortuosos riesgos jurídicos que ello implica.

En tercer lugar, es necesario practicar una reforma impositiva sin precedentes, estableciendo un sistema simple, de cobro posible, eliminando los impuestos que castigan a los sectores de menores recursos (caso del Impuesto al Valor Agregado) y facilitando la coparticipación federal mediante la modificación del sistema de recaudación de los mismos.

Por último, hay que modificar la política de acción social, tendiendo a que la misma esté concentrada en planes que generen empleo y capacitación laboral, dándole una participación prioritaria a las ONG en la canalización de los recursos y ampliando los porcentajes de deducción impositiva para las contribuciones empresarias que se encaminen a tal fin.

Lamentablemente, si seguimos inmersos en los mezquinos juegos de los intereses políticos y en vez de ocuparnos de solucionar los problemas de fondo, nos preocupamos tan sólo por las cuotas de poder y de dinero que se manejan desde allí, un día nos despertaremos y encontraremos la República partida en pedazos sin posibilidad alguna de reconstruirla.