El año pasado, para esta misma época
y en este mismo medio, señalábamos que había que actuar con prudencia (una de
las virtudes cardinales) para la aprobación de la comercialización del trigo
genéticamente modificado conocido como HB4 (resistente a la sequía) y
desarrollado por la empresa INDEAR S.A (IND-ØØ412-7). Y aclarábamos que ser
prudentes no significaba ir en contra de los avances tecnológicos, sino pensar
en las consecuencias que podía tener su aprobación. Hacíamos este comentario
porque el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, a través de la Resolución
4/2020, había decidido días antes autorizar su comercialización sujeta a la
aprobación del permiso de importación de dicho trigo en la República Federativa
de Brasil, cambiando la postura que venía trayendo el Ministerio hasta entonces.
Porque anteriormente y habiendo
consultado con distintos sectores involucrados en la comercialización,
industrialización y exportación de trigo, se había decidido condicionar la
autorización comercial del evento hasta que
se demostrara fehacientemente que en Brasil (luego de aprobar el evento) se lo
pudiera utilizar con total aceptación de los usuarios, sin que existieran
requerimientos de segregación, ni de etiquetado por parte de la molinería e
industria brasileña, como así también, exigir las mismas comprobaciones
comerciales en todos los países de destino del trigo argentino con marcos
regulatorios en pleno funcionamiento, tales como los del sudeste asiático.
Y se ponían estos condicionamientos porque se conocía la posición de los usuarios
brasileros, más allá de la opinión de los científicos de ese país y porque se
sabía también cuál podía ser la reacción en otros países importadores que, por
el sostenido incremento de la producción (dadas las políticas acertadas para el
sector instrumentadas durante el período 2015-2019), habían relegado a Brasil de
casi único comprador del trigo nacional a representar con sus compras menos del
50%. Además, existían sobrados antecedentes de que el mercado internacional no
era favorable al consumo humano de trigo transgénico y que por esos motivos se
habían discontinuado muchos años antes el desarrollo de eventos (aún
resistentes a la sequía) en los Estados Unidos y Australia.
No obstante las quejas levantadas por los sectores que podían verse
afectados local e internacionalmente por dicha aprobación y los pedidos de
información de distintos legisladores, no sólo se llevó adelante el cambio de
postura, sino que, inexplicablemente se autorizó la siembra de cerca de 7.000
hectáreas experimentales de este trigo transgénico en la campaña pasada y de
55.000 hectáreas durante la presente, sin saber hoy el mercado quién autorizó
las mismas ni cómo será controlada su segregación de manera de evitar todo tipo
de contaminación del trigo no transgénico, teniendo en cuenta las dificultades
que ello requiere. Debemos notar que, si tenemos en cuenta un rinde promedio de
trigo a nivel nacional de 3,3 toneladas por hectárea, la posible producción a
cosechar durante la presente campaña superaría las 180.000 toneladas
representando casi el 1% de la producción nacional y si se conservara como
simiente para el año próximo, permitiría la siembra de casi el 30% del área
sembrada.
Con el correr de los días esta
alarmante información no sólo dio motivo a que se escribieran artículos sobre
el tema y que las entidades de la Mesa de Enlace hicieran un pedido a las
flamantes autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería, sino que un
grupo de diputados elevara un proyecto en el Congreso de la Nación pidiendo
informes al Poder Ejecutivo. Asimismo, la Asociación Brasilera de la Industria
del Trigo (ABITRIGO), que reúne a los molineros de ese país alertó de que no
admitirían ningún tipo de contaminación con el transgénico en el trigo de
importación de la Argentina y mucho menos en la harina que también se importa. Lo
propio hicieron la Asociación Brasileña de la Industria de Panificación y
Confitería (ABIP) y de la Industrias de Bizcochos y afines (ABIMAPI).
Sin entrar a analizar los diversos
intereses económicos y políticos que se mueven detrás de este asunto y
considerando que pronto se expedirá la Comisión Técnica de Bioseguridad de
Brasil (CTNBIO), vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de
ese país, lo que debemos señalar son los peligros que nos acechan. Es que si no
se aprueba el evento, habrá que ver cómo confinamos y/o destruimos semejante volumen
de producción; y si se aprueba su importación a Brasil, por un lado, los
importadores directamente pondrán requisitos muy estrictos de calidad para
evitar las compras que contengan eventuales trazas de OGM y, por el otro, los demás
países importadores de trigo argentino que tengan marcos regulatorio, podrían
prohibir su uso para consumo humano. Conclusión, el trigo argentino puede pasar
de ser muy requerido por su buena calidad panadera a ser considerado únicamente
como trigo forrajero para alimentación animal. ¿La diferencia? El precio. Se
calcula normalmente un 20% menos de valor (guarismo que se refleja hoy en día
entre el valor del feed wheat en el ICE de Londres y el del trigo en el
mercado de Kansas). Si hoy el valor del trigo argentino FOB enero ronda los USD
300.- la tonelada, pasaría a valer aproximadamente USD 60.- dólares menos. Esta
reducción de precio, si se aplicara a las 12 millones de toneladas de
exportación representaría cerca de USD 600 millones de perjuicio, sin
considerar las pérdidas en el mercado interno por reticencias del consumidor
nacional.
No hace falta ser un científico para
darse cuenta de la inconveniencia de las medidas tomadas y los permisos
otorgados. Por lo tanto, convendría pensar en cómo desactivar el peligro que
nos acecha y quién se hace responsable.