Ya
sabíamos desde su planificación hasta su ejecución que el censo 2022 se había
realizado de forma vergonzosa y que el titular del INDEC debería haber
presentado su renuncia, pero en este país, sobre todo cuando gobierna
el peronismo, nadie renuncia y menos cuando se trata de acomodar cifras para el
beneficio partidario.
La
cuestión es que los primeros resultados provisorios del censo publicados el 19
de mayo de 2022 decían que éramos un total de 47.327.407 habitantes, con el
52,83% de mujeres, 47,05% de varones y el 0,12% de no binarios; pero resulta
que ahora con los segundos resultados (inexplicablemente, también provisorios)
nos dicen que somos muchos menos habitantes, 46.044.703, con un 51,75% de
mujeres, 48,22% de hombres y 0,02% de no binarios. Es decir, se descuentan
1.282.704 de habitantes (-2,7%), aumentando el número de varones y
disminuyendo el número de mujeres y de no binarios.
Estos
cambios asustan y hablan de que el INDEC nuevamente ha perdido seriedad y que
pueden volver a manipular guarismos de todo tipo, como ya lo hicieron con las
cifras de inflación en el pasado y con los datos del censo de 2010, cuando se
determinó, por ejemplo, que La Matanza tenía una población exagerada de
1.775.816 (se lo hizo con fines electorales y de reparto de la coparticipación
provincial), resultando que ahora su población quedó en 1.837.774 habitantes (+3,4%),
con una de las tasas de crecimiento más bajas del país y esto se debe a las
presentaciones judiciales que hizo la oposición sobre el manipuleo de datos en
el 2010. Téngase en cuenta que para este Censo se proyectaba una población para
La Matanza de 2.374.149 habitantes lo que hubiese motivado un nuevo escándalo.
Asimismo,
la variante del sexo "no binario" incorporada en este Censo como gran
novedad por parte del oficialismo (en lugar de preguntar otras cosas más
interesantes, como el origen de la población para saber el número de
extranjeros y de argentinos nativos o por opción), que se hizo para
satisfacer los deseos de colectivos mediáticos minoritarios que dieron razón de
existir a ciertos Organismos y lenguajes inclusivos, ha demostrado que no tenía
sentido, ya que sólo se percibieron como tales 8.293 personas en todo el país.
Sin embargo, el “todes” o la “X” seguirá inundando los textos de escuelas y
universidades públicas, así como los discursos del primer mandatario, dándose
de bruces contra los dictados de la Real Academia Española.
Además,
si uno se pone a analizar el reparto de las 257 bancas actuales de diputados en
función de la población de cada provincia, se da cuenta de la
desproporcionalidad en el reparto de las mismas, lo que perjudica notablemente
a las provincias de Buenos Aires y Córdoba, en beneficio de provincias que por
el Decreto-Ley 22.847/83, de un gobierno de facto, benefició a las provincias
con menor cantidad de habitantes otorgándoles un mínimo de 5 diputados. Esto no
quiere decir que se deba aumentar el número de diputados existentes, porque eso
implicaría un aumento innecesario del gasto público, sino volver al espíritu de
proporcionalidad del artículo 45 de la Constitución Nacional y ajustar el
reparto en función de las 257 bancas existentes.
Por
último, si uno compara las cifras de habitantes por provincia, con el producto
bruto generado por cada una de ellas y el porcentaje atribuido por el sistema
de coparticipación federal de impuestos, toma conciencia que a las distorsiones
generadas en la representatividad del electorado en la Cámara de Diputados, se
le suma la distorsión que ello implica también en el reparto de fondos y es una
de la causas que generan el fracaso argentino en la administración del erario
público y el progreso nacional, ya que las provincias con menos habitantes,
tienen más bancas en el Congreso y reciben más dinero, lo que ocasiona que las
mismas se conviertan en verdaderos feudos donde se reparten los fondos en
cargos públicos y planes, sin ninguna eficacia ni la exigencia que debiera
surgir de la realidad poblacional y productiva.
Pongamos
algunos ejemplos ilustrativos para darnos cuenta de ello, aun cuando son
escasas las estadísticas oficiales sobre el PBI de las provincias que nos
proporciona el INDEC (últimos datos son del 2004) por lo que tomamos las que
nos suministra la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)
correspondientes a 2021:
La
provincia de Buenos Aires, tiene 17.569.053 habitantes, o sea el 38,15% de la
población del país. Tiene 70 bancas de diputados de un total de 257, cuando
debiera tener 99. A su vez genera el 32,5% del PBI nacional y recibe solo el
21,5% de coparticipación según lo establecido por la Ley 23.548 y sus
modificatorias.
-
La
provincia de Córdoba, tiene 3.978.984 habitantes, o sea el 9,22% de la
población del país. Tiene 18 bancas de diputados cuando debería tener 22. A su
vez genera el 8,7% del PBI nacional y recibe sólo el 4,7% de coparticipación.
-
La
provincia de Formosa, tiene 606.041 habitantes, o sea el 1,3% de la población
del país. Tiene 5 bancas de diputados, cuando debiera tener 3. A su vez genera
el 0,6% del PBI y recibe el 3,78% de coparticipación.
-
La
provincia de Catamarca, tiene 429.556 habitantes, o sea el 0,9% de la población
del país. Tiene 5 bancas de diputados cuando debiera tener 2 y recibe el 2,86%
de coparticipación, cuando genera sólo el 0,6% del PBI.
-
La
provincia de Tierra del Fuego tiene 190.641 habitantes, o sea el 0,4% de la
población del país. Tiene 5 bancas de diputados cuando debiera tener 1 sola. Genera
el 0,9% del PBI y recibe el 1,3% de coparticipación.
Conclusión: Derogar
el Decreto-Ley 22.847/83 y la Ley 23.548/88
para ajustar el reparto de diputados por provincia y la coparticipación
federal, es una tarea necesaria para corregir los desvíos en la toma de
decisiones en el Congreso y el uso de los recursos del erario público
(recordemos que el 54,66% de los impuestos coparticipables van a las
Provincias, el 42,34% a la Nación, el 2% para el recupero de cuatro provincias
y el 1% para el Fondo de los Aportes del Tesoro a la provincias; y que tanto la
ciudad autónoma de Buenos Aires como Tierra del Fuego reciben su
coparticipación de la Nación). Sin
embargo, el peso del conjunto de las provincias con menor número de habitantes
y menores aportes al producto bruto interno nacional, pareciera ser demasiado
grande para que se logre un acuerdo. Así estamos desde 1994, esperando que se
dicte una nueva Ley de coparticipación federal y se cumpla con lo dispuesto por
el artículo 75 inciso 2 de la nueva Constitución Nacional.