Uno creía que con los datos inflacionarios de marzo del 6,7% y de abril
(seguramente por encima del 6%), el Gobierno suspendería la conformación de
este ridículo Fideicomiso que, como le gusta a los funcionarios de turno, lleva
el título rimbombante de “Anticíclico”, trayendo a la memoria los cupos, saldos
exportables, bienes culturales, volúmenes de equilibrio, soberanía tecnológica
y otros fideicomisos existentes, inspirados en el supuesto deseo de controlar
la inflación sin reconocer su causa y apelando al otro gran título hallado por
los científicos devenidos en mediocres espectadores de la pelea entre Cristina
y Alberto: “multicausal”.Me ha llevado casi una tarde entera leer el texto del Fideicomiso que es un
verdadero galimatías, entendiendo por este al “lenguaje
difícil de comprender por la impropiedad de las frases o por la confusión de
las ideas” (RAE). Ciento cinco (105) páginas que complementan el texto de la
Resolución Conjunta 3/2022 del 4 de marzo pasado de 17 páginas (con su Anexo).
En total unas 122 páginas (casi un libro) supuestamente para contribuir con las
ideas de Feletti, Kulfas y Domínguez, a la “guerra contra la inflación” lanzada
por el señor presidente de la Nación el 18 de marzo.
El Fideicomiso podría explicarse en una sola página de la
siguiente manera. Le sacan al productor agropecuario 50 millones de dólares en
dos años, a través de una alícuota de hasta el 1% sobre el valor FOB del trigo
y el maíz (aunque se mencionan también la harina de trigo, el afrechillo y los
fideos cuando se pase de un volumen de exportación al que nunca se llegará) que
deberá pagar el exportador al Fideicomiso y que, sin duda, deducirá del precio
a pagarle al productor; para entregarlo a los molineros y fideeros productores
de harina 000 y fideos secos de 500 gramos, en compensaciones por la diferencia
entre el valor de mercado del trigo (FAS teórico) y el valor base considerado
para el trigo (que comienza en $23.000.- y se irá ajustando), a fin de que los
beneficiarios industriales cumplan con el plan de “precios cuidados” y los
precios de “salida de fábrica” que autorice el señor Feletti, es decir la
Secretaría de Comercio Interior y así controlar la inflación.
Lo notable y
contradictorio del caso, es que los molineros y fideeros podrán seguir exportando
hasta 1.000.000 de toneladas de harina, 400.000 toneladas de afrechillo y
50.000 toneladas de fideos. Es decir, se le saca al productor para subsidiar
a los industriales para que no suban los precios locales pero puedan seguir
exportando para no perder mercados. Y además de eso, todo basado en el
control de “precios salidos de fábrica”, no de los precios al consumidor
(supuestamente controlados por el famoso sistema camporista de “precios
cuidados”). Por lo tanto, si la venta fuera a un mayorista que no adhiere a
dicho sistema y este le recarga el 40%, nadie sabe cómo se controla esta
operación.
Vuelvo a repetir que este esquema obsoleto no sirve para nada
y que para reducir la inflación hay que atacar su causa principal que es
monetaria. Pero yendo a la lectura del librito del Fideicomiso y la Resolución
Conjunta, uno se lleva grandes sorpresas. En primer lugar, en los
considerandos. El primero de ellos apelando al artículo 42 de la Constitución
Nacional para justificar que se procura defender al consumidor con este macabro
instrumento, violando otros artículos de la propia Carta Magna que establecen
el derecho a la libertad de comercio. Es que esta generación de ideólogos
setentistas que sueña con el cambio de la Constitución y la impunidad eterna,
desconoce a quien ideó las bases para darle forma a nuestra Constitución, esto
es, a Juan Bautista Alberdi. Luego, en la Sección II del Fideicomiso, utiliza 8
(ocho) páginas para definir términos, como por ejemplo: Aduana, AFIP, ANSES,
Gobierno Nacional, MinAgri, etc… Parece una tomada de pelo o que quienes
redactaron el texto, lo extendieron para cobrar más o quedar mejor ante los
burócratas.
Pero llama poderosamente la atención, cuando habla de tipos de
cambio y define tres tipos, a saber: Tipo de Cambio 3.500 (correspondiente a la
Comunicación del Banco Central que lleva ese número), Tipo de Cambio SIOPEL
(correspondiente al del Mercado Abierto Electrónico) y Tipo de Cambio
Aplicable, que es el que fija el Consejo Ejecutivo del Fideicomiso en caso de
que no haya cotizaciones de los dos anteriores. Conclusión, el Consejo
Ejecutivo de un Fideicomiso se arroga la facultad de fijar un tipo de cambio.
Asimismo, resulta paradójico, por su similitud con lo que
sucede en la política argentina, la conformación del Consejo Ejecutivo
compuesto por el Subconsejo Fideero de 20 miembros (10 titulares y 10
suplentes) y el Subconsejo Harinero, también de 20 miembros (10 titulares y 10
suplentes). Es decir un total de 40 miembros que cuando sesionan como Consejo
Ejecutivo lo hacen con 20 miembros y en caso de empate, si no lo resuelve el
miembro elegido con voto dirimente, lo resuelve la Cámara Arbitral de Buenos
Aires. Y podríamos extendernos mucho más sobre estos textos que reflejan
la decadencia intelectual argentina, donde se resguardan bien los intereses e
indemnidad del Fiduciario, los asesores legales e impositivos y el agente de
revisión y en el Reglamento Operativo se habla extensamente de registros y más
registros, de papeles y más papeles. Todo pareciera armado para que después
cueste investigar su ejecución.
Lo cierto es que ya los exportadores presentaron una carta a
los Ministerios diciendo que pagarán bajo protesto (están coercitivamente
obligados por la Resolución Conjunta) y que ya el Gobierno ha comenzado a
distorsionar los valores de ajuste de las compensaciones tanto para abril como
para mayo. Conclusión: un instrumento inservible; que le saca más dinero al
productor agropecuario; del que se benefician algunos, pero evidentemente no
los consumidores; con un texto laberíntico que dará lugar a futuras
investigaciones (encima lo extienden hasta el 31 de enero de 2024). Es una
lástima que diversos actores del sector privado, que debieran defender la
libertad, se presten a actuar en el manejo de este mamarracho administrativo,
titulado: “Fondo Anticíclico Agroalimentario”, cuando debiera llamarse:
“Impuesto a la exportación de trigo y maíz para justificar la retórica de una
ideología perimida”.